Activistas, defensores de derechos humanos y periodistas hicieron un nuevo llamado a las autoridades judiciales de Veracruz y al Senado de la República para que atienden la petición de Yolli García, ex comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), para que pueda regresar a casa y no la vuelvan a encerrar en el penal de Pacho Viejo. Acusada de presuntos delitos que no ameritan prisión preventiva, a dos años de su aprehensión, García Álvarez lleva 733 días sin recibir sentencia, por lo que sus familiares y amigos acusan que se ha convertido en una “presa política” del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

En febrero de este año, decenas de activistas y defensores de derechos humanos advirtieron del riesgo que corre la vida de Yolli García, enferma del corazón, debido a la falta de atención médica adecuada y de instalaciones dignas al interior del penal de Pacho Viejo. Ahora, después de una cirugía a corazón abierto realizado el 10 de marzo en el Centro de Alta Especialidad de Xalapa, en donde permanece internada, pero esposada a su cama, sus defensores reclaman que el Poder Judicial local no ha atendido su petición para modificar la medida cautelar impuesta —la cual, de por sí es injusta, pues los delitos que se le imputan no ameritan prisión— y le permita regresar a casa. Su esposo y amigos denunciaron que la juez del caso ha diferido en tres ocasiones la audiencia en la que se debe resolver su situación de reclusión.

Por ello, debido a la delicada situación de salud de Yolli García y en seguimiento a la carta pública del pasado 24 de febrero, suscrita por 117 personas, activistas, periodistas, academia, comunidad de derechos humanos y diez organizaciones, exhortaron nuevamente a las autoridades judiciales, de seguridad pública, de salud y de derechos humanos, “a garantizar las condiciones para que la ex comisionada de transparencia reciba los cuidados post quirúrgicos desde su casa”.

Alertaron que el Centro de Alta Especialidad de Xalapa busca dar de alta esta semana a Yolli García y, “de acuerdo a la valoración médica más reciente, el deterioro de salud es intenso y solo puede recibir en su casa la atención adecuada y recuperación, o bien en el propio hospital”. Sus defensores hicieron un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que realicen el monitoreo hacia las distintas autoridades estatales involucradas en garantizar la salud, la vida, los derechos humanos de Yolli García.

Además, urgieron al Senado de la República, encargado de la supervisión y representación de entidades federativas y facultado para velar por la rendición de cuentas de garantes de transparencia del país, a que “observe, revise e investigue, las decisiones tomadas por las autoridades estatales involucradas en las violaciones a derechos humanos y violencia política de género ejercida en contra de Yolli García Álvarez durante más de dos años”.

Los delitos por los que se le acusa, principalmente ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición, también se le imputaron a sus dos compañeros comisionados, varones, pero ellos siguen el proceso en libertad, por lo que acusan qué hay un ejército de violencia política de género contra García Álvarez.

“Del Poder Judicial de Veracruz esperamos que atienda las solicitudes presentadas y no siga dilatando la justicia. Esperamos que la audiencia diferida por tres ocasiones, agendada para el próximo 3 de mayo, se realice con resultados favorables para Yolli, incluyendo la demanda de que vaya a casa”, advirtieron los defensores y activistas.

Reclamaron que el Poder Judicial de Veracruz ha dilatado su petición de acumular los dos procesos penales que enfrenta, con la esperanza de agilizar la justicia. “La jueza Ludivina García Rosas, que negó ambas solicitudes, fue removida de su puesto y actualmente ese espacio está vacante, lo cual sigue afectando su caso.

En su momento, la entonces jueza evadió pronunciarse ante el recurso de aplicar la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de dejar en libertad a las personas que se encuentran en reclusión y sin sentencia por más de dos años”, acusaron.