El Congreso de Veracruz solicitaría un informe al Poder Judicial sobre el estado actual y jurídico que guardan los expedientes de ciudadanos veracruzanos procesados por el delito de ultrajes a la autoridad, declarado inválido el 28 de febrero del 2022.

El diputado local del Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila presentó un anteproyecto de Punto de Acuerdo para que la presidenta del TSJE informe al Congreso de Veracruz, la situación de los casos de veracruzanos que fueron detenidos y si ya fueron liberados.

La petición, dijo, tiene como fin salvaguardar las garantías individuales de quienes hasta hoy se encuentran privados de su libertad por este delito que en Veracruz es inexistente.

Sumado a que permitirá cerrar el paso a la impunidad, así como exigir con la Ley en la mano la rendición de cuentas a quienes están al servicio de la administración de la justicia.

Mencionó que en las cárceles del Estado de Veracruz se encuentran recluidos ciudadanos y ciudadanas, que en su momento fueron imputados o imputadas por el delito de ultrajes a la autoridad de parte de la Fiscalía General del Estado, y los Jueces otorgaron la Prisión Preventiva por este delito.

Lo que hoy derivó en una falta de motivación jurídica por parte de los jueces de control y los fiscales, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó este tipo penal a profundidad, concluyendo que debía derogarse.

Es importante señalar que la prisión preventiva es una medida excepcional, pero tal parece que los jueces la aplican como regla, lo que los lleva a incurrir a una artera violación al artículo 16 Constitucional respecto al principio de debido proceso, lo que nos lleva a pensar que las autoridades judiciales están actuando en forma tendenciosa y facciosa.

Es por lo que propuso que la presidenta del TSJE les informe sobre la situación jurídica que guardan las personas que fueron detenidas por el delito que hoy es inválido.