Acusan de asociación delictuosa a la Fiscal del estado, Verónica Giadans y al gerente de la empresa Francisco Faus.

Xalapa, Ver, 06 de agosto de 2024.- Cafetaleros de la región de las Altas Montañas protestaron de manera pacífica este martes frente al Palacio de Gobierno de la capital del estado, esto en exigencia para que se haga justicia por el encarcelamiento y presentación de pruebas falsas que armó la empresa transnacional AMSA (Agroindustrias de México SA), en contra de 12 productores de café y activistas que presuntamente encabezaban un movimiento legítimo por prácticas monopólicas que la empresa realiza y que perjudica el bolsillo de los caficultores.

Los manifestantes indicaron que la Fiscalía General del Estado y algunos funcionarios federales, actuaron sólo a favor de la empresa, ya que desde que inició el juicio en contra de estas doce personas les fueron violentados sus derechos, pues a ninguno de ellos se les notificó sobre dicha demanda antes de su aprehensión.

Además refirieron que el juez en la audiencia inicial sólo tomó en cuenta las pruebas de la parte acusadora y desechó la de los acusados, los cuales incluso no estaban en el lugar de los hechos cuando ocurrió el supuesto incendio al interior de la empresa por el cual se les acusa incluso de ser actores ‘materiales’ del siniestro.

Después de meses de manifestaciones y reuniones con funcionarios federales sobre el atropello del que eran objeto los productores y al no contar con pruebas fehacientes sobre la responsabilidad de los acusados sobre estos hechos, los caficultores apoyados por sus familias, organizaciones, colectivos e incluso pobladores de Ixhuatlán Del Café, lograron conseguir la libertad de todos los acusados que permanecieron injustamente de tres a diez meses encarcelados en el Centro de Reinserción Social de La Toma en Amatlán de Los Reyes.

Pese a conseguir la libertad de todos ellos, este martes exigieron la absolución total de todos los señalamientos e incluso la reparación del daño moral, ya que el juicio aún continúa después de 14 meses de iniciado y sobre todo no hay una sanción al dueño, gerente, apoderado legal o quien resulte responsable por parte de la empresa que  presentó pruebas falsas que evidentemente fueron no sólo aceptadas sino fabricadas con la ‘recomendación’ de la Fiscalía.